La justicia electoral en la opinión de Hugo Concha

La justicia electoral en la opinión de Hugo Concha
10 agosto, 2016 Arturo Espinosa
  1. ¿Por qué son importantes las autoridades judiciales electorales?

Las autoridades judiciales son la parte de un sistema electoral que tiene a su cargo resolver disputas en cuanto a los resultados, pero también en cuanto a la aplicación y cumplimiento de las normas electorales.

Cuando entendemos que un sistema electoral es un conjunto de instituciones, procedimientos y reglas que tiene una democracia para llevar a cabo sus procesos electorales, es decir, las competencias entre partidos políticos y candidatos para ganar la mayoría de votos posible y así acceder a puestos de representación política, es natural que en una buena parte de los casos van a existir inconformidades con los resultados o con alguna parte del proceso. Las autoridades judiciales son las responsables de resolver estas inconformidades que se presentan como juicios o recursos. Por ello, se dice que estas autoridades son la última instancia jurisdiccional.

Las autoridades judiciales electorales existen en cualquier democracia aunque su materialización varía mucho de Estado a Estado, a veces son tribunales, a veces llevan otra forma institucional o denominación pues en ocasiones no son autoridades separadas de las administrativas o ejecutivas.

  1. ¿Cuál debe ser el papel de los jueces electorales en una democracia como la de nuestro país?

El papel de los jueces electorales en la democracia mexicana es el de resolver todos los problemas que se presenten en relación con la aplicación de la ley electoral y los resultados de las elecciones, de manera imparcial, oportuna y transparente.

En un país como México, en donde la desconfianza ciudadana ha sido un fenómeno existente en nuestra vida política, por una larga historia de autoritarismo político, los jueces electorales adquieren un papel protagónico pues son la última palabra en toda aquella desavenencia o inconformidad en la joven vida democrática. Es decir, los jueces electorales son quienes acabarán interpretando la ley electoral y en ese sentido le darán dirección al desarrollo de nuestra democracia.

Construir un sistema confiable cuyas instituciones electorales administrativas organizan exitosamente las elecciones federales y locales, requiere de la existencia del órgano judicial que resuelva de la mejor manera posible, en el menor tiempo posible y de manera independiente a todo interés, todas las inconformidades que se presenten para abonar a la credibilidad y a la confianza del sistema. Este sistema en México ha costado mucho esfuerzo (una larga historia de evolución político-democrática), acuerdos y dinero. Los jueces, por tanto, deben estar a la altura de la importancia de este sistema. Deben ser funcionarios con la capacidad, formación y habilidades necesarios para manejar la legislación electoral, para poder entender a cabalidad las inconformidades y problemas que se les presentan, y sobre todo, para poder mantenerse como figuras independientes e imparciales en sus decisiones, alejadas de todo interés político o económico.

En ese sentido las resoluciones que los jueces electorales emiten, es la medida para evaluar su desempeño. A través de sus resoluciones y sentencias podemos saber si los jueces cumplen con la independencia, la eficiencia y la transparencia que se espera de ellos. Como la literatura especializada en impartición y administración de justicia nos ha enseñado, las resoluciones judiciales deben de ser:

  1. Claras. Las sentencias deben ser accesibles no sólo al público especializado sino a toda la ciudadanía pues en ellas se está interpretando la ley electoral y el sentido de nuestro desarrollo democrático. Deben utilizar un lenguaje accesible, incluyente y breve sin mayor repetición o retórica.
  2. Argumentadas. Los argumentos de una resolución son el arma fundamental de la justicia. Una persona puede no estar de acuerdo con la sentencia final, pero no debe tener duda de la manera en que el juez reflexionó, justificó su forma de entender cada caso y llegó a la conclusión correspondiente para aplicar la ley.
  3. Las sentencias deben aplicarse con estricto rigor a lo que marca la ley alejada de cualquier decisión arbitraria que no se justifique o fundamente en lo que marca la norma. Sólo así se logra la imparcialidad y la certeza jurídica de que una sentencia aplica la ley no un interés específico.
  4. Coherentes. Estos es, resolver a partir de los puntos que se presentan en una demanda, sin agregar elementos que no se pidieron ni dejar fuera los que sí se incluyeron.
  5. Las sentencias en su conjunto deben resolver situaciones iguales de igual manera, pues de otra forma se proyecta una decisionismo arbitrario y discrecional según le convenga a cada juez.
  1. ¿Cuáles considera que fueron las contribuciones más grandes a la justicia electoral de la actual integración de la Sala Superior del TEPJF?

Han existido momentos muy virtuosos en la justicia electoral mexicana, en donde a partir de criterios o tesis elaborados por el tribunal electoral, la justicia ha contribuido a interpretar con claridad o incluso a mejorar lo que la ley electoral establece sin claridad o con puntos que resultan confusos o contradictorios. Así sucedió con la creación original del Procedimiento Especial Sancionador que fue creado por el Instituto Federal Electoral en cumplimiento a una resolución de la Sala Superior del Tribunal en 2006 frente a los nuevos problemas que se derivaron de las facultades de administración de tiempos en Radio y Televisión para propaganda político-electoral. El legislador formalizaría el Procedimiento en la reforma de 2007-2008.

Otra de las contribuciones más importantes de la actual Sala es la paridad de género, debido a que es necesario que se garanticen presupuestos e inversiones que se enfoquen en los asuntos de género para lograr una activa participación de las mujeres en la toma de decisiones de todos los ámbitos del poder público.

También el fortalecimiento del respeto a los principios de autonomía y autodeterminación de comunidades indígenas, así como el fomento a la capacitación a través de la impartición de cursos y la elaboración de la Guía de actuación para juzgadores en materia de Derecho Electoral Indígena.

  1. ¿Cuáles fueron los principales desaciertos de la saliente integración de la Sala Superior del TEPJF?

Desafortunadamente, la Sala Superior del TEPJF no ha estado a la altura de su enorme responsabilidad por numerosas razones. En primer lugar no ha tenido el acierto de actuar como un órgano colegiado compacto cuyas diferencias entre sus miembros se mantengan simplemente como argumentos distintos que enriquecen el análisis de un asunto. Las diferencias, agravios e insultos entre algunos de sus miembros han trascendido al órgano.

En segundo lugar, la Sala Superior del Tribunal interpreta como mejor le conviene la Constitución y la ley electoral, tal y como se demuestra en una forma errática de resolver asuntos. Se ha obstinado en interpretar el texto constitucional que define al tribunal electoral como “la máxima autoridad jurisdiccional” como la máxima autoridad del sistema electoral pasando por arriba de las competencias propias de la autoridad administrativa y ordenando no sólo que el IFE/INE corrija asuntos que a su parecer no están bien resueltos sino incluso diciéndole exactamente lo que tiene que hacer en una suerte de arrogancia institucional que rompe el sistema de distribución de competencias que establece la Constitución.

La Sala Superior, a través de sus resoluciones no ha demostrado ninguno de los elementos mencionados en el apartado 2.

  1. Falta de claridad. Muchas de sus sentencias no son claras ni entendibles. Utilizan un lenguaje poco claro basado en formalismos y repeticiones innecesarias que las hacen documentos poco accesibles. Poco aportan a un mejor entendimiento de nuestra democracia.
  2. Falta de argumentación. Muchas de las decisiones de la Sala Superior, particularmente aquellas de enorme relevancia o visibilidad no cuentan con argumentos bien desarrollados para explicar la decisión final, dejando en una esfera de incertidumbre la manera en que se aplica el derecho.
  3. Varias sentencias, como son muchas recientes analizadas en la obre en prensa “La (in)justicia electoral a examen” del Instituto de Investigaciones Jurídicas- CIDE (en prensa), acaban por revelar la manera en que se han protegido intereses específicos, tales como los casos de sentencias del partido Verde, el registro del Partido del Trabajo, el caso de David Monreal, etc.
  4. Incoherencia. Es frecuente que las sentencias de la Sala Superior agregan elementos de manera injustificada cuando le es necesario llegar a ciertas conclusiones, o guarda silencio frente a puntos presentados en las demandas, rompiendo el principio de coherencia que debe tener toda resolución judicial.
  5. Inconsistencia. Un examen somero de varias resoluciones de la Sala Superior no cuentan con aplicación uniforma de criterios e incluso a veces en asuntos del mismo tema se resuelve de manera distinta abriendo la puerta a la inseguridad jurídica y a la impresión de que no se tiene una idea clara de la dirección del sistema electoral y la democracia mexicana.
  1. ¿Cuáles deberían ser los objetivos de la justicia electoral en los próximos 10 años?

Los objetivos de la justicia electoral no deberían cambiar, aún cuando sus procesos (medios de impugnación sí deberían simplificarse de diversas formas) sí. La justicia electoral debería buscar cumplir con su papel de garante de la democracia a través de sentencias claras, bien argumentadas, imparciales, coherentes y consistentes. La Ley de medios sí debería ser reformada para evitar el fenómeno de crecimiento desmedido de cadenas impugnativas y saturación de asuntos y recursos. Debería de pensarse en algunas casos introducir mecanismos creativos para lograr este cambio como por ejemplo el PES podría contar con sentencias cuyos efectos fueran de declaraciones generales para ser aplicados de manera extensiva a todos los casos similares.

Asimismo, debería de regularse con claridad un mejor procedimiento para integrar la Sala Superior y las Salas Regionales, que tome en cuenta en el mismo nivel de importancia los conocimientos, la experiencia profesional y la independencia en la trayectoria.

  1. ¿Qué características o aspectos se deben privilegiar en la designación de las magistradas y magistrados?

En la reflexión sobre lo que se debería de privilegiar como criterio para la designación de nuevos magistrados electorales, creo que además de los meritos profesionales obvios como son conocimiento de la materia y experiencia profesional, se debería poner especial atención en la independencia ideológica o política de los candidatos y candidatas. Que su trayectoria no esté asociada a ninguna fuerza política, pues el fenómeno más perjudicial de nuestras instituciones electorales en fechas recientes es justamente las cuotas que los partidos adoptan para elegiar a funcionarios simpatizantes con sus organizaciones.

Hugo A. Concha. Cantú @HugoAConcha es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.


* El equipo del observatorio electoral realizó 6 preguntas a diferentes especialistas en temas de electorales y justicia, a efecto de conocer su opinión sobre la justicia electoral en México.

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