Designaciones del TEPJF. ¿Cómo elegir?

Designaciones del TEPJF. ¿Cómo elegir?
11 agosto, 2016 Arturo Espinosa

Por Paula Sofía Vázquez

En noviembre de 2016 se renovará, en su totalidad, la Sala Superior del TEPJF. Después de una década, la magistrada y los magistrados que hoy integran el más alto órgano jurisdiccional en materia electoral dejan sus cargos y los nuevos serán designados a partir de un proceso de selección que, desde junio de este año, con la emisión de la Convocatoria por parte de la SCJN, ya se encuentra en curso.

Hasta la etapa del procedimiento en la que nos encontramos; donde la SCJN hará –con criterios que desconocemos, no sobra decirlo- una pre selección de entre los 126 candidatos para integrar una lista con 42 nombres, tenemos que todos esos aspirantes –cuyos datos generales pueden encontrarse en el Observatorio de Strategia Electoral– efectivamente cumplen con los requisitos “formales” señalados tanto en la Constitución como en la Convocatoria.

Sin embargo, dada la innegable relevancia del órgano a integrar, y que ya empiezan a surgir voces que solicitan a la SCJN privilegiar algunos criterios –como paridad, que merece un post aparte- por encima de otros, vale la pena analizar, al menos de forma somera, un criterio que, consideramos, debería ser tomado en alta consideración por la SCJN en este específico proceso de designación: la experiencia.

Desde el inicio de los procedimientos de designación de autoridades electorales la máxima preocupación de los involucrados en los mismos ha sido garantizar, ante todo, la independencia de quienes las integren. La construcción del entramado democrático electoral en México precisó en un primer momento, la creación de un Instituto Electoral “ciudadano” y un Tribunal Electoral que, aunque dependiente del Poder Judicial, estuviera alejado de las injerencias de los partidos políticos. Además de dar legitimidad a los nuevos órganos, la materia electoral era novedosa y, en muchos casos, su construcción se realizaba sobre la marcha, por lo tanto, la posibilidad de elegir integrantes “especializados” se antojaba imposible en esos primeros momentos.

A más de dos décadas de distancia, la materia electoral se ha transformado sustantivamente. Si bien sigue siendo indispensable la independencia de quienes conformen tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la especialización dentro de la misma es fundamental, los elementos técnicos a considerar en temas como fiscalización, radio y televisión o los procedimientos de cada uno de los medios de impugnación precisan ya algo más que ciudadanos ilustres o jueces con una amplia trayectoria dentro del poder judicial en materias distintas a lo electoral.

Asimismo, tal como se muestra en el balance de los 10 años de funcionamiento de esta integración de la Sala Superior del TEPJF (disponible aquí), el actual sistema electoral mexicano tiene una tendencia, si no creciente al menos sí estable y sustantiva, a la judicialización de los procesos electorales. La posibilidad que tienen los partidos políticos, y, en algunos casos, los ciudadanos de a pie, de contestar por vía judicial todos los actos que realice el INE –desde la impresión de la boleta electoral hasta las multas impuestas a los partidos políticos o candidatos por violaciones a la ley electoral-; la facultad que tienen los mismos de llevar a sus oponentes a un procedimiento judicial electoral o bien, la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos, que cada día presentan nuevos ámbitos de reconocimiento y por tanto de garantía, evidencian la necesidad de contar con magistrados que conozcan, desde algún ámbito, las particularidades de la función jurisdiccional electoral.

Aunado a esto, el contexto particular de esta designación enfatiza la necesidad de elegir candidatos con una trayectoria sólida en materia electoral: el proceso electoral de 2018, donde se disputará nada más y nada menos que las elecciones más grandes de la historia del México democrático; una elección presidencial, la integración –ya con posibilidad de reelección de hasta por 12 años- de las Cámaras de Diputados y Senadores, más la elección concurrente de varias entidades federativas, ya sea de forma total; gobernadores, congresos locales, ayuntamientos y concejos o de forma parcial; solo algunos de estos cargos, está casi a la vuelta de la esquina. Añádase a su tamaño, la expectativa que, como sucedió en 2006 y 2012, esta elección presidencial –así como muchas en ámbitos locales- sea altamente competida. A diferencia de los tiempos de las anteriores designaciones, donde quienes entraron en 1996 no se enfrentaron a una elección presidencial y concurrente hasta cuatro años después en el año 2000 (aunque se hayan enfrentado a una elección intermedia un año después) y quienes entraron en 2006 no tuvieron que calificar una elección presidencial hasta 6 años después, en 2012, en este caso los tiempos son mucho más cortos.

A menos de dos años del día de la elección y con un proceso electoral que efectivamente arranca en su planeación – y en la posibilidad de abrir procesos de impugnación a cada uno de los actos que la conllevan- un año antes, tenemos que los magistrados que integren la renovada Sala Superior en noviembre tendrán que recorrer la “curva de aprendizaje” en tiempo récord: en menos de un año deberán ya haberse familiarizado no sólo con la legislación que deberán aplicar, sino también con los procedimientos específicos de cada uno de los medios de impugnación, la jurisprudencia en la materia –mucha de la cual ha sido fuertemente cuestionada y es incluso contradictoria entre sí- y el funcionamiento de todo el entramado institucional del Tribunal Electoral.

Ahora bien, me hago cargo de la dificultad para encontrar el punto óptimo en la medición de la experiencia. ¿Qué criterios deben considerarse para validar que una persona efectivamente tiene “experiencia”?, ¿Cuántos años, publicaciones, trabajos afines, evaluaciones, etc, son suficientes para acreditar este criterio?; ¿Qué combinación de estos factores nos da un panorama más acertado sobre la experiencia de una persona?. La tarea de encontrarlos es difícil, pero no por ello debería ser dejada de lado o, peor, tomada a la ligera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, agentes fundamentales en este procedimiento de designación. Merecemos magistrados que, además de ser éticos, independientes y que cumplan con los requisitos formales necesarios para obtener el cargo, tengan la capacidad de generar, en su papel de órgano colegiado, valor agregado a la materia; con posibilidad, dada su trayectoria en el ámbito electoral, de enriquecer, adecuar o de plano desechar, los criterios que deja esta actual integración de frente a un proceso electoral que se vislumbra altamente complejo.

 

Paula Sofía Vazquez @pauletta_sofia es abogada por la UNAM y analiza, desde hace algunos años, los procedimientos de designación de las autoridades electorales y otros órganos constitucionales autónomos.Watch movie online Get Out (2017)

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