Posicionamiento del Observatorio Electoral sobre #designaciónTEPJF

Posicionamiento del Observatorio Electoral sobre #designaciónTEPJF
5 octubre, 2016 Arturo Espinosa

Posicionamiento del Observatorio Electoral sobre #designaciónTEPJF

5 octubre, 2016

¿Qué necesita la justicia electoral? El llamado constante en foros y textos académicos hacia la justicia electoral demanda certeza, congruencia y seguridad jurídica, ese es el gran pendiente que dejan la y los magistrados salientes a quienes lleguen a la Sala Superior. Los ciudadanos deben saber qué esperar de los tribunales electorales y éstos deben dar certeza y confianza y seguridad jurídica; a hechos o actos similares les aplicarán consecuencias similares. Los últimos años se ha abusado del caso por caso en la resolución de los medios de impugnación. Lo que ha disminuido la certeza del derecho procesal electoral.

La certeza, congruencia y seguridad jurídica se construye a partir de la emisión de sentencias con criterios sólidos, con parámetros constitucionales y convencionales comunes, para lo cual se requiere de una construcción argumentativa clara y sobre todo acorde a los planteamientos de la controversia que se trate. Esto se logra a partir de entender el sistema electoral mexicano como un todo, y que la justicia electoral es un parte de ese todo, de un estudio profundo de las constancias de autos, pero sobre todo de una reflexión permanente de los efectos y consecuencias (deseados e indeseados) de los fallos.

Necesitamos jueces electorales de tiempo completo, para los que su principal actividad sea el estudio de los expedientes que están a su cargo, la reflexión de los temas complejos que plantea la materia, el análisis de la ley y de los efectos que sus decisiones provocaran no solo para las partes involucradas en el expediente, también para el sistema electoral en conjunto. Procesos electorales más complejos plantean litigios también más complejos; se requiere de juzgadoras y juzgadores de excelencia; Tampoco buscamos jueces que quieran jugar a la política.

A lo largo del proceso de designación de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos visto 126 perfiles distintos, hemos escuchado a 42 de ellos, y a 21 en dos ocasiones comparecer, primero ante la Suprema Corte de Justicia y después ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

Aunque el formato de las comparecencias ante la Comisión de Justicia permitió interacciones con las y los comparecientes sin limitación por razón de formalismos; creemos que no fue explotado en su totalidad, pues muchas de las preguntas que se hicieron fueron sobre temas que no son atribuciones de la Sala Superior.

Pese a que las y los aspirantes que participan en este proceso tienen profundo conocimiento sobre diversos aspectos, ya sea de la materia electoral, otros con mucha experiencia en la judicatura, algunos que tienen ambas, y otros han demostrado un total desconocimiento de lo electoral y de la justicia electoral; varios de las y los comparecientes no demostraron conocer ni la materia electoral ni los criterios relevantes y polémicos emitidos por la Sala Superior en los últimos años, por lo que tampoco fueron capaces de exponer su criterio en casos concretos, en el mejor de los casos se limitaron a ser descriptivos del contenido de la ley. Muy pocos pudieron hacer un balance crítico de lo que ha sido la justicia electoral en estos 20 años, y especialmente en los últimos procesos electorales, solo los menos pudieron profundizar en los retos que enfrentará la justicia electoral en los próximo años.

Los menos de los aspirantes hicieron pronunciamientos respecto de la dirección que debe tomar el TEPJF en el plano administrativo, de lo que se podría hacer con el enorme presupuesto que tiene esta institución (más de 2,500 millones de pesos) o de la pertinencia de tener un aparato administrativo que duplica y por momentos triplica al personal jurisdiccional. Pocos demostraron tener conocimiento sobre la estructura administrativa del TEPJF.

En el tema de posibles conflictos de interés y manejo de presupuesto fueron contradictorios, sólo uno se comprometió a presentar su declaración 3 de 3 y hacerla pública, cuestión que hemos exigido desde el inicio del proceso. Consideramos que es necesario conocer como llegan a la Sala Superior y cómo salen.

Esto hace que cada perfil y cada terna deba ser valorada en lo individual, a partir de los propios méritos de cada aspirante, y en caso de que no resulten idóneos para ocupar el cargo, la terna se devuelva a la SCJN para que integre otra.

Creemos que entre los pendientes para futuros procesos de designación está reformar la ley en materia de los requisitos para ser magistrada y magistrado de la Sala Superior, se necesitan candados para garantizar la imparcialidad e independencia de quienes aspiren a este cargo, y también que tener conocimientos y experiencia en la materia electoral sea indispensable.

Sólo dos de los aspirantes fueron cuestionados sobre el desempeño en sus cargos actuales o anteriores, a la mayoría de ellos no se les cuestionó nada al respecto. Nos hubiera gustado conocer más sobre sus trayectorias profesionales y el desempeño que han tenido en ellas, sobre todo de aquellos que han tenido cargos relevantes en gabinetes y gobiernos. Notamos que sólo un aspirante presentó datos e información sobre su trabajo como magistrado electoral.

Quedan en el aire algunas preguntas que se deberán responder las y los senadores ¿Qué características van a privilegiar para elegir a quienes pra desempeñaran uno de los máximos cargos dentro del Poder Judicial y en el sistema electoral mexicano? ¿Quiénes de los aspirantes están capacitados para dar certeza, congruencia y seguridad jurídica a la justicia electoral? ¿Quiénes deben encabezar una de las instituciones claves de la democracia mexicana y contribuir de manera imparcial e independiente a la consolidación de la misma?

El proceso de designación entra a la etapa final, la menos transparente de todas, pues se basa en los consensos entre los grupos parlamentarios para encontrar las y los que mejor convengan para integrar la Sala Superior. Lo deseable sería que en un ejercicio de parlamento abierto desde el dictamen de la Comisión de Justicia, hasta la designación final, se justifique la idoneidad de cada uno de los aspirantes, se hiciera un balance de cada una de las etapas del proceso y se sustentara con razones y argumentos la designación. Sabemos que lo deseable pocas veces es lo que sucede, sin embargo, consideramos que la designación debe -al menos- justificar que se basa en la capacidad y los conocimientos mostrados por los aspirantes, así como su experiencia y no en cuotas partidistas y vínculos que vayan más allá de lo profesional.

La designación no debe verse como un favor para compensar la fidelidad en el desempeño de cargos anteriores, ni tampoco para garantizar un ingreso sustancioso.

Un aspecto no menor, es que el Senado tendrá la facultad de determinar el plazo para el que sean designados las magistradas y magistrados (3, 6 y 9 años).

El papel de la Sala Superior es cada vez más relevante, el gran poder que concentran quienes la integran y el cual se traduce en la posibilidad de validar o anular elecciones, confirmar o revocar actuaciones de los partidos políticos o de las autoridades electorales debe entenderse en su justa dimensión. Cabe recordar que le elección federal de 2018 está a la vuelta de la esquina, al día de hoy todo parece indicar que será una elección polarizada, competida y de resultados cerrados, donde la actuación de las autoridades electorales será fundamental para legitimar el proceso en su conjunto y los resultados finales. Además esta elección vendrá acompañada de 29 procesos electorales locales.

La responsabilidad que tienen las y los senadores en la designación de quienes integren la Sala Superior dentro de los próximos años es muy grande, es una decisión a largo plazo que determina el rumbo de nuestra democracia y un compromiso con la Nación.

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