Balance final de la #DesignaciónINE

Balance final de la #DesignaciónINE
3 abril, 2017 Arturo Espinosa

Balance final de la #DesignaciónINE

3 abril, 2017

El Pleno de la Cámara de Diputados designó como consejeras y consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) con 336 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones, a las abogadas Dania Paola Ravel Cuevas y Beatriz Claudia Zavala Pérez, así como al politólogo Jaime Rivera Velázquez para el periodo 2017 – 2026 (lee sus perfiles aquí). Su selección se dio a partir de un procedimiento al que, desde antes de su inicio dimos seguimiento en el Observatorio Electoral, por lo que en este breve texto haremos un recuento del mismo.

El procedimiento inició el 21 de marzo de 2017 con la aprobación (1) tanto de la convocatoria pública como del proceso para la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE) -órgano que se encargó de valorar la idoneidad de los perfiles- y de ella se derivaron algunas problemáticas. En particular, destacó que fue la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO) y no el CTE quien definió la metodología a ser utilizada. Asimismo, dicho método se daría a conocer hasta el día 6 de marzo -ya concluido el periodo de registro-.

Se registraron 152 aspirantes, sólo que uno de ellos no presentó la documentación completa a pesar de que se le requirió, por lo que participaron en el proceso 151. El procedimiento de 2017 fue uno de los más atendidos con relación al número de vacantes disponibles, lo cual evidencia una amplia participación ciudadana, mismo que celebramos desde el Observatorio Electoral. Entre los perfiles, predominó la formación en Derecho, casi el 70% de las y los aspirantes contaba con licenciatura en esta materia.

Además, destacamos que la mayor parte de las y los aspirantes acreditó contar experiencia en la materia electoral, principalmente derivada de su participación en organismos administrativos y jurisdiccionales locales y federales.

Esto deja ver que la designación de integrantes del Consejo General ya no sólo es ciudadana, sino que además requiere de un importante nivel de especialización en la materia. Esta amplia participación y especialización es un aspecto positivo que brinda competitividad en cualquier concurso público.

Al darse a conocer la metodología con la que serían evaluados las y los aspirantes este Observatorio señaló como un agravio a los participantes la forma en la que se realizó la evaluación documental y ensayo, pues además de no considerar la posibilidad de que algún aspirante no sumara puntos en alguno de los rubros a evaluar, era materialmente imposible que los pretendientes integraran sus expedientes de tal forma que evidenciaran experiencia o conocimientos sobre alguna de las secciones, al no conocer que serían calificados en aspectos tan particulares con antelación, pues el registro fue previo a la determinación de la metodología de evaluación.

La etapa de examen constituye un precedente de cara a futuros procedimientos. Sin embargo, las circunstancias de tiempo, así como el contenido mismo del examen no aprovechó las posibilidades reales de convertir a una prueba en un elemento objetivo para calificar los conocimientos de los sustentantes. Por lo que en un futuro la aplicación de un examen -de realizarse- debe atender a bibliografía que vaya más allá del marco constitucional y legal de la materia electoral. Indudablemente, con mayor tiempo de antelación entre la emisión de la convocatoria y la realización del examen esto será posible.

Los resultados de la evaluación documental, ensayo y por otro lado el examen, fueron uno de los principales problemas del procedimiento. Pues, en principio consideramos que si se establece un sistema de evaluación detallado y con una puntuación, esto debe servir como un parámetro objetivo para seleccionar a los aspirantes con las evaluaciones más altas.

En esta misma etapa, estimamos que la escasa transparencia con la que se manejó la evaluación, tampoco contribuyó a la certeza del proceso. Por ejemplo, al no asociarse los resultados a los nombres de los aspirantes no existe certeza de que los mejores evaluados sean los que fueron entrevistados, por lo que lejos de propiciar una selección de los perfiles más rigurosa, consideramos que generó arbitrariedad en la selección de los perfiles a ser entrevistados.

En esta instancia, dar a conocer dichas calificaciones como elemento objetivo para el acceso a la siguiente etapa fortalece las decisiones del órgano evaluador, especialmente considerando que en esta etapa se eliminaron a más del 66% de las y los aspirantes a ser parte del Consejo General del INE.

La opacidad del procedimiento encontró su máximo nivel a partir de la etapa en la que 51 aspirantes fueron convocados a entrevista presencial con los integrantes del CTE. Dichos encuentros no se conocieron, a pesar de que su publicación era una obligación establecida por la propia JUCOPO en la metodología que rigió al procedimiento. Aunado a lo anterior, a diferencia de procedimientos de designación como el de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no se admitió la posibilidad de que se transmitieran las entrevistas en vivo. Esto es contrario al principio de máxima publicidad, rector de la función electoral, así como a los principios que rigen el Parlamento Abierto, a lo cual aspira el Congreso de la Unión.

Finalmente, en la integración de las quintetas por parte del CTE no se hicieron públicos los elementos objetivos arrojados por el procedimiento de evaluación. En el caso de la entrevista no se conocieron resultados, ni tampoco el instrumento de evaluación. Por lo que no existió certeza de que en realidad, las 15 personas distribuidas en las 3 quintetas hayan sido las que mejor evaluación integral recibieron.

Aunado a lo anterior, nos llamó la atención que a pesar de que el CTE emitió las quintetas en sobre cerrado, el nombre de los integrantes de dichos listados fueron publicados de manera extraoficial por distintos medios de comunicación. Lo anterior no tendría por qué ser problemático si la integración de los listados hubiera sido el resultado exclusivo de la evaluación objetiva. Sin embargo, la opacidad del procedimiento, conjugado con la secrecía de las quintetas resultó en una violación a la reserva autoimpuesta por la JUCOPO.

Previo a la aprobación de la propuesta de la JUCOPO por el pleno de la Cámara de Diputados, en San Lázaro se recibieron 4 juicios para la protección de los derechos político electorales por parte de aspirantes.

El pasado 29 de marzo, de manera unánime las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF determinaron desechar dichas impugnaciones por improcedencia de las pretensiones de los actores al ser irreparables. Pues, de acuerdo a las sentencias (SUP-JDC-147/2017; SUP-JDC-155/2017; SUP-JDC-178/2017; SUP-JDC-178/2017) al haber concluido la labor del CTE, era imposible reponer alguna de las etapas en las que dicho órgano se erigió como autoridad. Dicho precedente sugiere que la máxima autoridad jurisdiccional electoral en el país, jamás entrará al fondo de algún asunto relacionado con la designación del INE mientras no se establezca en la legislación que el CTE deberá mantenerse en funciones en tanto existan medios de impugnación en curso. Lo anterior se aleja del principio de progresividad y de la tutela de los derechos político electorales de los ciudadanos. En este caso, el derecho a integrar autoridades electorales.

El proceso concluyó el 30 de marzo de 2017, cuando el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con un amplio consenso de fuerzas políticas la designación de las y el consejero electoral mencionados al inicio de este texto. De acuerdo al número total de diputados y diputadas presentes, las dos terceras partes eran tan solo 248 legisladores. Por lo que los 336 votos con los que se hizo la selección estuvo muy por encima del mínimo requerido, únicamente el grupo parlamentario de Morena se opuso a la designación, situación que si bien es plausible en un órgano colegiado, pudiera no ser ideal de cara a las elecciones federales y locales de 2018.

En seguimiento a las etapas del proceso, este Observatorio Electoral estuvo constantemente dando seguimiento, para lo cual emitió 2 posicionamientos. Con los medios a nuestro alcance se redactaron de manera objetiva los perfiles de cada uno de las y los aspirantes, y profundizó en las y los 15 perfiles que integraron las quintetas. Convocamos a los 151 aspirantes a realizar un video para conocerlos mejor, sólo 4 de ellos nos enviaron el suyo. A través de nuestras redes sociales, y de algunos medios de comunicación permanente informamos sobre los hechos y actos públicos del proceso, también realizamos un conversatorio de análisis y discusión del mismo. Además, recibimos información de diversa índole sobre el proceso y especificamente de algunos aspirantes, sólo difundimos aquella cuya autenticidad pudimos corroborar y cuya fuente era conocida. Desafortunadamente también recibimos amenazas por el trabajo realizado, mismas que condenamos, la labor de observación no puede estar sujeta a intimidación alguna.

A partir de lo anterior, el Observatorio Electoral realiza las siguientes recomendaciones:

1. De cara a futuros procedimientos es importante que se garantice la autonomía del CTE y que se atienda integralmente al proceso de designación constitucionalmente establecido.

2. Dado que practicamente el 100% de las y los aspirantes contaban con una trayectoria en la materia electoral, consideramos fundamental que el procedimiento se realice con amplios márgenes de tiempo, de manera que el desarrollo de cada etapa permita realizar un escrutinio exhaustivo de cada aspirante, valorando no sólo los méritos curriculares, sino también la labor desempeñada en cargos previos. Esto en abono de la legitimidad del proceso así como de la calidad en la integración del órgano electoral.

3. En este mismo sentido, consideramos que en una consulta con el sector especializado de la materia, debe hacerse un análisis del desempeño del órgano a integrar, así como de los retos que tendrá a futuro, para que a partir de este se pueda tener al menos una mediana claridad sobre el perfil que se busca.

4. Es indispensable que el procedimiento contemple la posibilidad de que la sociedad civil participe de él. Los recursos que parten desde la ciudadanía fomentan un procedimiento de designación con observadores desde todos los ámbitos de la sociedad, pudiendo destacar elementos para la toma de decisiones sobre cada uno de los perfiles en contienda.

5. La máxima publicidad de cada una de las etapas es necesaria para dar certeza a los actores involucrados en el procedimiento y a la sociedad en general, por lo que es necesario perfeccionar este aspecto del proceso, que es donde encontramos una mayor área de oportunidad.

6. Estimamos necesario que se garantice el acceso a la justicia electoral por parte de los aspirantes, no hacerlo es una violación a los derechos constitucionales y convencionales de los participantes.

7. Finalmente, si bien consideramos que no es posible uniformar reglas para todos los procesos de designación que se realizan en el país, si estimamos que se deben establecer principios básicos para su desarrollo, de manera que generen certeza para quienes participen en ellos, permitan el acompañamiento de la ciudadanía y tiendan a dar como resultados una designación a partir de perfiles con la capacidad y trayectoria que requiera el órgano a integrar.

[1] A propuesta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), se aprobó con 354 votos a favor, 13 abstenciones y 0 en contra. La discusión en su aprobación se concentró en la propuesta de un grupo de diputadas que exigían que del procedimiento de designación se eligieran exclusivamente a mujeres. A pesar de que ello no quedó definido en la convocatoria, ninguna de ellas votó en contra. Las diputadas y los diputados que hicieron uso de la tribuna legislativa fueron María Candelaria Ochoa Ávalos (MC), Hortensia Aragón Castillo (PRD), Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), Claudia Sofía Corichi García (MC), Gonzalo Guízar Valladares (PES), Juan Romero Tenorio (MORENA), Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), María Candelaria Ochoa Ávalos (MC), Mirza Flores Gómez (MC), Hortensia Aragón Castillo (PRD) y Alfredo Basurto Román (MORENA).

Publicado por:

0 Comentarios

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*